Las autoridades bloquean las calles aledañas al Tribunal Provincial, y a la prensa internacional se le prohibió acceso directo a la sala -pero ven el juicio mediante circuito cerrado de TV- y tampoco pueden usar teléfonos o computadoras.
Las familias de las víctimas NO acusan a Carromero, y la de Payá culpa a la policía política de conspiración y asesinato.
La fiscalía pide 7 años de cárcel para el veloz, apenado-apendejado y desmemoriado Carromero.
Tras el telón, el gobierno español se revuelca en cama con la junta militar castrista, cediendo a chantajes con tal de que los cubiches liberen al rehén.
No hay noticias del lada rojo, tractor, sueco dormilón y persecusión segurosa; tampoco de los detalles de la extraña muerte de Harold Cepero.
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